CEOE-Tenerife reivindica la tercera descentralización administrativa en Canarias para reforzar la eficiencia pública

La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) ha informado este lunes de que la puesta en marcha de un proceso de descentralización administrativa en Canarias “deberá reforzar la eficiencia de la Administración, la cercanía al usuario y la participación ciudadana”.

Según detalló la patronal en un comunicado, se debe producir un “reajuste, en medios técnicos y humanos, en la Administración pública autonómica”. “Las negociaciones para acometer la citada descentralización administrativa deberán profundizar en la eliminación de trabas administrativas, aprovechando la transferencia de competencias para simplificar todos aquellos trámites que supongan un lastre para la iniciativa empresarial y emprendedora, en especial para la creación de empresas y puesta en marcha de proyectos de inversión productiva generadores de empleo, evitando y eliminando solapamientos entre las diferentes esferas administrativas en el ámbito del archipiélago”, argumenta.

En esta línea se insistió en que “la descentralización deberá reforzar, por tanto, la eficiencia de la Administración, la cercanía al usuario y la participación ciudadana, respondiendo adecuadamente a las necesidades locales, evitando al mismo tiempo un aumento de la burocracia, y la pérdida de visión estratégica y de homogeneidad en la toma de decisiones, principales aspectos negativos de la descentralización administrativa”.

Para ello, añadió CEOE-Tenerife, sería conveniente valorar la posibilidad de gestionar los servicios locales a través de unidades territoriales de ámbito comarcal, lo que repercutiría en una racionalización del gasto público, mejorando la eficiencia de los servicios.

EMPLEO PÚBLICO

Según CEOE-Tenerife, las Comunidades Autónomas han desplegado una política de empleo público expansiva, que ha ido mucho más allá de la que hubiera correspondido con la transferencia y prestación de unos servicios públicos esenciales, por muy intensivos que dichos servicios sean en la utilización del factor trabajo.

“El notable ascenso del empleo público local se debe en parte al incremento y distribución territorial de la población, y a una amplia oferta de servicios locales, financiados en buena medida por el fenómeno urbanístico e inmobiliario de los últimos años”, añadió.

Los empresarios aseguran que “estamos ante un nuevo mapa administrativo del empleo público en el que casi el 75 por ciento del mismo corresponde a las administraciones autonómicas y locales, rompiéndose la hegemonía que históricamente ha ostentado la Administración Pública estatal, por lo que toda política encaminada a limitar o moderar el crecimiento del personal público, así como de sus retribuciones, tendrá que contar con la estrecha colaboración de los responsables autonómicos y locales”.

En cuanto a Canarias, expone CEOE-Tenerife que la presencia pública es “altamente representativa” en el archipiélago, situándose por encima de la media nacional en lo que respecta al número de empleados públicos por cada mil habitantes, por cada mil activos y por cada mil ocupados.

DOS DE CADA CINCO EUROS EN PERSONAL

Además, en Canarias el gasto en personal representa el 38 por ciento del total de gastos, la proporción más alta de toda España. De esta manera, aproximadamente 2 de cada 5 euros del gasto público canario se destina al pago de nóminas y personal público, lo que contrasta con el exiguo peso de la partida dedicada a inversiones reales dentro del gasto a nivel autonómico canario, de un 10,7 POR CIENTO.

El carácter insular y fragmentado de la Comunidad Autónoma ha explicado en parte, el sobredimensionamiento de la Administración Pública en Canarias. “Sin embargo, en pleno siglo XXI Canarias debe afrontar el reto de situar a sus Administraciones Públicas en un nivel de eficiencia óptimo, a través del impulso de un plan de incremento de la productividad asociado a la calidad y eficiencia en el ámbito del sector público, así como del desarrollo de las líneas de actuación previstas en el “Plan de Acciones para la modernización de la Administración Pública Canaria” 1, atendiendo en ambos casos, a compromisos recogidos en el Pacto Social por la Economía y el Empleo en Canarias.

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